por que lo llaman amor cuando quieren decir sexo

Abrimos el nuevo curso con esta reflexión del ámbito jurídico entorno a la participación en los procedimientos administrativos relacionados con el medioambiente; pequeña lección jurídica para todo aquel que entienda que la información pública es igual a la participación, que las alegaciones son suficientes para sacar un Plan Urbanístico o una gran infraestructura adelante o que el sistema está construido sobre la base de que hay unos que administran y otros que son administrados.

 

“¿Existe una nueva forma de administrar? Muchos miles de páginas se han escrito para desarrollar una idea que trata de superar esa Administración que impone y manda a los ciudadanos.

(…) Como es generalmente admitido, la clave de bóveda de esta actualización es la participación ciudadana en el proceso de decisiones administrativa. Es invertir los fundamentos del procedimiento de modo que el administrado se convierta en un colaborador satisfecho de su Administración. Claro que ello exige negociar y, por tanto, ceder algo las dos partes. Y aquí es precisamente donde surge el conflicto. En los niveles políticos de decisión, y me temo que también en los administrativos, se confunde la audiencia pública con la participación. Y aunque su parentesco, es obvio, no se identifican. Es obvio que si la Administración en un procedimiento, en el que exija audiencia pública, concluye que ninguna de las alegaciones es de recibo, la Administración mantendrá su postura inicial. Pues no, ahí no ha habido participación en sentido estricto porque los ciudadanos no han conseguido incorporar ninguna de sus propuestas a la resolución final que debió ser pactada.

En todo este punto intervienen los responsables políticos y administrativos a quienes se les plantea un dilema que no hemos sabido superar. Si el interés general han de determinarlo los órganos de representación democrática no es posible debilitarlo cediendo antes posiciones sectoriales de afectados o de grupos organizados. A continuación surge la duda: ¿puede ceder el interés general para dar satisfacción a el principio constitucional de participación? Y la respuesta de los responsables públicos, incluso de gran parte de nuestra doctrina es que NO. Sin embargo, la legislación internacional, la comunitaria y, sobre todo, lo dispuesto en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución (1), además de numerosas leyes administrativas, exigen la participación como algo diferente a la audiencia pública.

El Convenio Aarhus (2), primer logro de escala en el ámbito internacional, (…) lo demuestra con mucha claridad. (…) Tener en cuenta no es sinónimo de oír sino de aceptar al menos una parte de la alegaciones, aunque ello modifique en parte el criterio político precedente. La audiencia pública es un requisito para la participación pero no significa lo mismo. En caso contrario, el concepto de participación no tendría contenido sustantivo.”

Prólogo de Demetrio Loperena Rota en “El principio Constitucional de participación ante la Evaluación de Impacto Ambiental de las grandes infraestructuras” de Xabier Ezeizabarrena Sáez – Instituto Vasco de la Administración Pública – Oñati, 2006

 

(1) Constitución Española de 1978

Art.9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Art.23.1.Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

(2) Convenio de Aarhus, Sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, Firmado el 25 de junio de 1998, ratificado el 29 de diciembre de 2004 / COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA, Comité de Política Ambiental.

Artículo 6 / Participación del público en las decisiones relativas a actividades particulares.

2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso.

3. Para las diferentes fases del procedimiento de participación del público se preverán plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.

4. Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones son aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real.

5. Cada Parte debería, si procede, alentar a cualquiera que tenga el propósito de presentar una solicitud de autorización a identificar al público afectado, a informarle del objeto de la solicitud que se propone presentar y a entablar el debate con él al respecto antes de presentar su solicitud.

6. Cada Parte exigirá a las autoridades públicas competentes que obren de forma que el público interesado pueda consultar cuando lo pida y cuando el derecho interno lo exija, de forma gratuita, desde que estén disponibles, todas las informaciones que ofrezcan interés para la toma de decisiones a que se refiere el presente artículo que puedan obtenerse en el momento del procedimiento de participación del público, sin perjuicio del derecho de las Partes a negarse a divulgar determinadas informaciones.

7. El procedimiento de participación del público prevé la posibilidad de que el público someta por escrito o, si conviene, en una audiencia o una investigación pública en la que intervenga el autor de la solicitud, todas las observaciones, informaciones, análisis u opiniones que considere pertinentes respecto de la actividad propuesta.

8. Cada Parte velará por que, en el momento de adoptar la decisión, los resultados del procedimiento de participación del público sean tenidos debidamente en cuenta.

9. Cada Parte velará también por que, una vez adoptada la decisión por la autoridad pública, el público sea rápidamente informado de ella siguiendo el procedimiento apropiado. Cada Parte comunicará al público el texto de la decisión acompañado de los motivos y consideraciones en que dicha decisión se basa.

Artículo 7 / Participación del público en los planes, programas y políticas relativos al medio ambiente.

Cada Parte adoptará disposiciones prácticas u otras disposiciones necesarias para que el público participe en la elaboración de los planes y programas relativos al medio ambiente en un marco transparente y equitativo, tras haberle facilitado las informaciones necesarias.

Post hau hausnarketa // reflexión, ingurugiroa // medioambiente, LHAB, parte-hartzea // participación atalean publikatu zen. Gogokoetara gehitzeko lotura iraunkorra.

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